23 de septiembre de 2010
ante las agresiones de la jerarquía católica a las personas LGBTTTI
§ El acuerdo es producto de un punto de acuerdo relativo a la laicidad del Estado que deben respetar las Iglesias, propuesto por la diputada Enoé Uranga
§ El dictamen aprobado en el pleno exhorta a Gobernación a realizar los actos necesarios que garanticen el respeto a los derechos humanos de lesbianas y gays
La Cámara de Diputados aprobó hoy el punto de acuerdo presentado por la diputada Enoé Uranga relativo a la obligación de respetar la laicidad del Estado mexicano por parte de las asociaciones religiosas y la no discriminación por preferencia sexual.
El acuerdo exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, a través de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, realice los actos necesarios que le son competentes para garantizar el principio de laicidad del Estado, que redunden en el respeto de los derechos humanos de las personas gays, lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e intersexuales.
Ante las agresiones que jerarcas de la Iglesia católica han efectuado contra los derechos de las personas LGBTTTI, Uranga presentó un punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal que cumpla con las leyes federales y actúe para requerir al Clero católico a respetar los derechos humanos de la población de la disidencia sexual.
En el dictamen aprobado en el pleno se le recuerda al Ejecutivo que entre las infracciones sancionadas por la ley contra las asociaciones religiosas están: realizar proselitismo de cualquier tipo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política algunos; promover la realización de conductas contrarias a la salud o integridad física de los individuos; convertir un acto religioso en reunión de carácter político; oponerse a las leyes del país o a sus instituciones en reuniones públicas y, como fue el caso, ejercer violencia física o presión moral, mediante agresiones o amenazas, para el logro o realización de sus objetivos.
Las sanciones van desde el apercibimiento hasta la cancelación del registro; por ello, señala también que la “disculpa pública” propuesta por la diputada Uranga no se “considera viable”, por lo que tocará a la Segob, después de demostradas las faltas, definir la sanción correspondiente.
Uranga señaló que la aprobación del punto de acuerdo es “muy oportuno en momentos en los que la jerarquía católica parece gozar en forma reiterada de un ‘fuero eclesiástico’ otorgado por la Secretaría de Gobernación, que se ha hecho cómplice silenciosa de las violaciones al artículo 130 constitucional.
“El entierro de la Ley de Asociaciones Religiosas que ha hecho el Ejecutivo, incluso ante las agresiones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no deja lugar a dudas de la traición de Gobernación a la laicidad del Estado. Tocará ahora ver si el nuevo secretario de Gobernación le dará a este señalamiento de la Cámara de Diputados y a la Constitución una relevancia mayor que a sus creencias religiosas y a la cercanía de Calderón con el Episcopado”, señaló.
El dictamen fue aprobado por unanimidad.
2 comentarios:
¡Ojalá en España se votase algo así! Que la Iglesia anda siempre fuera de la ley... ¡y nadie parece llevarse las manos a la cabeza!
Es difícil lograr algo así, nuestras sociedades están muy acostumbradas a confundir todo con la religión.
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